Una socialista avaló un plan antisobornos al socio de Aldama: ahora le investigan por ‘comprar’ un permiso

La ex senadora del PSOE Esmeralda Iranzo Sánchez avaló que la empresa de hidrocarburos Villafuel, fundada por Claudio Rivas, el empresario socio de Víctor de Aldama, aplicaba un «sistema de gestión antisoborno». Sin embargo, la Audiencia Nacional ha decretado prisión provisional de ambos en un caso que investiga la presunta compra de una licencia del Gobierno de España con dinero en efectivo. Tal como adelanta OKDIARIO la jurista Iranzo Sánchez, senadora socialista en el primer mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, firmó personalmente un escrito en el que manifestaba que Villafuel –la principal empresa investigada en el caso– obtuvo una certificación ISO – de la Organización Internacional de Normalización– para evitar los sobornos.

Esta ex senadora por Teruel ejerce ahora como directora del área de Compliance de Andersen Tax & Legal SLP desde Valencia. El 18 de junio de 2024, cuando ya había estallado el caso y Claudio Rivas aparecía en el sumario del caso Koldo, se prestó a firmar digitalmente con su DNI un documento para otorgar credibilidad a la empresa de venta de combustibles Villafuel. Esta empresa, como otras del sector, están acusadas de defraudar el pago del IVA gracias a tener la licencia de operadoras en un registro oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) otorgado por el Gobierno de Pedro Sánchez. El juez Santiago Pedraz está investigando si gracias a las gestiones de Aldama y sus nexos en el Ejecutivo del PSOE Villafuel logró el título oficial de operadora de hidrocarburos y, con ello, se ahorró el pago de decenas de millones de euros. Junto a otras empresas, la Audiencia Nacional habla de 182 millones de desfalco.

En lugar de observar con lupa las prácticas de esa compañía, una ex alto cargo del PSOE certificó que era una empresa de confianza. Aseguraba que la compañía había sido instruida en «el cumplimiento de las obligaciones legales». Curiosamente, dicho escrito presenta varias llamativas erratas, como palabras mal escritas y la falta generalizada de tildes.

Iranzo Sánchez manifestaba así que Villafuel había implementado medidas como la creación de un Comité de Cumplimiento normativo y un órgano de control interno, así como un buzón de denuncias en su página web. El aval tenía validez hasta 2027, siempre que superase auditorías anuales. Se trata de medidas que no han dado muchos frutos a la vista del encarcelamiento de su fundador por decisión del magistrado Santiago Pedraz.

En concreto, menos de un año después de haber logrado esta certificación, Villafuel está en el centro de una investigación judicial. Claudio Rivas, fundador de la empresa y socio de Víctor de Aldama, está en prisión preventiva en el centro penitenciario de Soto del Real, acusado de delitos graves, incluyendo fraude fiscal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Rivas está vinculado al caso Koldo, la trama de corrupción que involucra comisiones millonarias obtenidas de contratos públicos del Gobierno del PSOE y Sumar durante la pandemia de Covid-19, y que también tiene en el punto de mira a Aldama.

Esmeralda Iranzo representó a la circunscripción de Teruel en la Cámara Alta. Ahora trabaja en Valencia y da servicio a empresas como Villafuel SL cuya sede social está en Villaviciosa de Odón (Madrid), a casi 400 kilómetros de distancia.

El certificado firmado por Iranzo también ha sido usado por Villafuel para proyectar una imagen de legalidad ante su entorno, a pesar de que las investigaciones apuntan ahora a lo contrario. En respuesta a la consulta de este periódico, Iranzo ha declinado hacer comentarios, afirmando que el caso se encuentra en una fase muy inicial para ofrecer declaraciones. Mientras tanto, Claudio Rivas –gestor en el día a día de Villafuel SL como ha podido comprobar OKDIARIO y cuya hermana es la administradora oficial en el Registro Mercantil– seguirá en prisión en Soto del Real, y se espera que la Justicia aclare hasta qué punto su empresa incumplió las normativas penales a pesar del asesoramiento que recibió.